Latorre ha destacado que “la Diputación comunicó a los Ayuntamientos afectados, con más de tres semanas de retraso, que dejaba sin efecto el convenio a fecha 31 de diciembre de 2016 creando un verdadero desconcierto entre los municipios que estaban acogidos a dicho convenio”. La respuesta de la Diputación ha dado a los ayuntamientos es que el gasto de la contratación de los arquitectos se incluya en el apartado de gasto corriente del Plan 135, plan que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Diputación de Castellón sin recabar en el daño que se le produce a los municipios más pequeños de las comarcas del norte.
El responsable de organización de las Comarcas del Norte ha calificado como un hecho esperpéntico la respuesta de la Diputación, ya que primero la propia aplicación del Plan 135 de la Diputación supone de facto una disminución de las cuantías económicas recibidas por los ayuntamientos más pequeños, luego suspende el convenio que tiene firmado con el colegio de arquitectos y finalmente exige que sean estos ayuntamientos los que se hagan cargo de ese gasto.
Según la formación de izquierdas, “esta desproporcionada medida deja atados de pies y manos a los municipios ya que estos están sujetos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo cual les imposibilita realizar cualquier tipo de contratación”.
“La Diputación Provincial de Castellón con el PP a la cabeza y secundado con el apoyo cómplice del resto de formaciones políticas, se está convirtiendo en sicaria ejecutora de políticas lesivas hacia los pueblos más vulnerables, que no son otros que los municipios más pequeños de la provincia”, concluyó Latorre.
GABINETE DE PRENSA EUPV
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